El Congreso de la Nación está debatiendo actualmente la reforma del régimen penal juvenil (modificado en la última dictadura), y todos los sectores de la sociedad parecían estar de acuerdo.

Sin embargo, las mayores confrontaciones se presentaron al momento de establecer el rango de edad en el que un menor podía ser imputado: actualmente en 16 años, queriéndose bajar a 15. Esto puso en evidencia la reflexión y discusión de criterios que conllevan al análisis de los paradigmas existentes.

 

El proyecto de ley y el largo historial de fracasos de una propuesta que siempre regresa

La edad de imputabilidad es un tema polémico entre los sectores de la sociedad, pero no fue hasta este año, que tuvo una difusión mayor a años anteriores.

En 2009 tuvo media sanción en el Senado un proyecto que bajaba la edad de imputabilidad, pero la iniciativa no prosperó porque no consiguió su aprobación en Diputados.  En 2013 se tomó para una campaña la consigna de bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes de 16 a 14 años. En las elecciones de octubre de ese año perdió. El proyecto del nuevo régimen penal juvenil también fue anunciado en 2017 por el ministro de Justicia pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate. Actualmente se está debatiendo el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos que conlleven penas superiores a los quince años de prisión.

 

Separación entre políticas públicas y la implementación de ellas

Argentina se adhirió al tratado internacional de los derechos del niño (por lo tanto, debe respetar las normativas establecidas en éste) y nuestro país tiene dictada la ley 20.061 (Ley integral de los Niños, Niñas y Adolescentes) que tiene plena vigencia.  Sin embargo, millones de niños carecen de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, no viven en ambientes sanos o ni siquiera tienen vivienda, no pueden acceder un sistema de educación o salud de calidad, no tienen oportunidades, actividades recreativas, vacaciones o un futuro.

En un debate organizado conjuntamente por la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires y UNICEF, distintos especialistas en la temática de infancia y adolescencia argumentaron por qué la cuestión del delito en Argentina es sobre todo una cuestión de adultos y reclamaron la presencia de un “Estado fuerte” pero no en cuestiones represivas sino en la promoción, vigencia y garantía de derechos.

Por lo tanto, no se trata de implementar nuevas leyes, sino de mejorar y cumplir las que ya existen.

 

Entes no gubernamentales y sus opiniones

Según los datos que surgen del “Informe 2015” elaborado por UNICEF Argentina, la incidencia de delitos graves es ínfima entre los adolescentes hoy punibles (franja de los 16 a los 18 años). En su reverso, las estadísticas muestran que el 35,2% de los adolescentes judicializados no tiene estudios o tiene estudios primarios incompletos y sólo el 35% terminó la primaria. Lo cual implica que la educación o la falta de esta tiene un rol muy importante en la formación de las personas.

UNICEF asegura que la privación de libertad para los adolescentes es una medida ineficaz.

En junio del año pasado, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado argentino adoptar una ley general sobre la justicia de menores en consonancia con la convención y las normas internacionales sobre justicia de menores, en particular con la garantía que la detención sea el último recurso y por el menor tiempo posible. Y que de ningún modo se puede reducir la edad de punibilidad o incrementar penas. También recomienda al Estado que no recorte presupuesto -de ninguna índole- destinado a la infancia. Sin embargo, los presupuestos han sido recortados. Piden que no se reduzca la edad de imputabilidad y pretenden bajarla a 15 años.

Es decir, medidas que van más allá de una ley penal juvenil, pero de todos modos se va por el lado contrario a lo que recomienda el comité.

Expresiones académicas como el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se han pronunciado en contra de la iniciativa oficial, así como también lo hizo la Iglesia Católica, que, a través de un documento emitido por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina, ha reclamado no convertir a los chicos en “enemigos sociales”.

 

 

¿Defensa de la población o exclusión hacia parte de ella?

Dentro del polémico debate por la baja de imputabilidad, se están escuchando muchas opiniones y argumentos de profesionales (tanto a favor como en contra), pero no se está escuchando al primer afectado en cuestión: los menores.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como la ley 26061 de protección integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, garantiza el derecho a la libre expresión y a la participación de los niños y adolescentes en todo asunto que los afecte.

El tratado internacional de los Derechos del Niño, tiene un poder más importante que el de nuestra constitución. Lo cual significa que, si se aprueba esta baja, se estarían violando normas internacionales.

 

Las personas que forman parte del sistema penal, ¿creen que la privación de libertad resuelve el problema de la delincuencia juvenil?

  1. “No, porque estar encerrado muchas veces te hace resentido o enojado con la sociedad por estar aislado, y justamente es esto lo que te lleva a delinquir, el no pensar en el prójimo. Por eso estar privado de la libertad no ayuda para nada”, Leandro.
  2. “La privación de libertad yo pienso que no soluciona nada, porque los chicos que ya estuvieron y vuelven a caer es porque están acostumbrados al encierro”, Marcos.
  • “Un adolescente no aprende entre rejas, y mucho menos si se baja la edad en la que los niños recién empiezan a conocer la vida”, Gabriela M. Anexo Lelikelen.
  1. “Al entrar en un instituto quizá terminan aprendiendo cosas peores de las que hicieron estando en libertad, y se llenan de orgullo y no aprenden algo que los beneficie al salir en libertad”, Dayana M. Anexo Lelikelen.

Al bajar la edad de imputabilidad solo se logra criminalizar a los jóvenes y no soluciona el problema de raíz. Promueve una falsa imagen de protección y seguridad velando las verdaderas causas de la introducción del menor al delito. El sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. No persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes.

Nadie que pase por una institución penal sale sin huellas, a veces físicas, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son mucho más profundas y dolosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

¿Se puede partir de criterio general en defensa de la población civil y sus derechos, cuando ésta vulnera los derechos de los menores?

El Estado debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes por mandato constitucional y convención de los derechos humanos, todos sus derechos. En el caso de que a algún menor se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la ley 26061.

Si se quiere encarar con cuestiones socioeducativas a los menores, está la escuela, las áreas de educación o las de protección de derechos. Éstas son las políticas que se deben mejorar, no una ley que contemple la propuesta del encierro.

Porque, al fin y al cabo, cuando por ejemplo, un menor comete un delito, la primera respuesta que tiene es el sistema judicial. Pero cuando ése abandona la escuela, no hay nadie que los incorpore al sistema educativo.

 

Desmintiendo argumentos a favor de la baja de imputabilidad

  1. “La nueva ley garantiza equipos socioeducativos para el menor que está detenido”. Lo que se define como “sanciones socioeducativas” son en definitiva derechos básicos que debería tener cualquier joven (acceso a la educación, a la salud, a la recreación, a una vivienda digna). Sumado a que estos equipos son “garantizados” luego de que el menor ya cometió el delito, lo cual no es equivalente a una solución. Porque luego de ese menor ingresado en el sistema penal, vendrán cinco más y luego diez más y así sucesivamente si no se les garantiza políticas de inclusión e igualdad de oportunidades. No soluciona el problema de raíz.
  2. “Garantiza mejores niveles de seguridad”. Esto es una farsa, porque es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes y menos aún de 14 y 15 años. La decisión de bajar la edad de imputabilidad es meramente política, ya que no existen estadísticas justificadas.
  3. “El menor que sale a robar, debe saber que tendrá que pagar con su libertad”. La baja de imputabilidad tiene entonces una sola (casi obvia) explicación: el castigo. El pedido de que los adolescentes que cometen delitos sean castigados por lo que hicieron, y punto. Sin embargo, parece necesario recordar que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece explícitamente que las cárceles “serán para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

 

Donde el estado está ausente, el hambre y la delincuencia gobiernan las calles

En una sociedad clasista y discriminatoria, los sectores con menos recursos son los más vulnerados. El “pibe chorro” es el que “nunca va a cambiar, nació así, a los negros no les importa nada”.  Pero cuando se trata de incluir e intentar hacer una mejora, se hacen oídos sordos.

Rechazo este proyecto de ley, porque no encuentro que la edad de la baja de imputabilidad sea una solución justa. Los niños deben de estar estudiando y jugando. Con posibilidades de desarrollarse con un estado que brinde igualdad de oportunidades para poder prepararse para la vida. Un estado que disminuya las diferencias en vez de fomentarlas. Aprobar este proyecto de ley sería inconstitucional. Porque viola el principio de no regresividad, es decir, que no se puede retroceder en un derecho.  En el caso de la edad de imputabilidad, fue reducida a 14 años en la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años en la constitución de 1994.

¿Cómo esperan que las personas penalizadas se reintegren a la sociedad cuando se las excluye en todo ámbito? ¿Cómo prosperan “los negros de mierda”, si solamente utilizando la palabra, se desvaloriza a la persona? ¿Encerrar menores en pésimas condiciones es una forma de lograr seguridad?

Desde el momento de nacimiento, se condena a la persona por ser pobre. Y si la persona pobre no tiene oportunidades, mucho menos oportunidades tendrá dentro de los muros.

La pregunta cuando se debate el tema hablado, no es qué clase de delito comete el menor, si no que acontecimientos llevaron a una persona de tan poca edad a tener tan poco respeto por su vida y por la de otra persona., y como evitamos que estas situaciones se repitan y terminen convirtiéndose en un círculo sin salida.

 

Autora: Ensayo de Carmela Núñez Fortes

Asignatura: Lengua y Literatura

Profesora: Evangelina Giró

 

 

“Ahí pasa de todo todos los días, es difícil la cárcel como ser humano, si bien es un lugar físico, donde más sentís la prisión es en la mente, tu vista no va más allá de ese muro, tu horizonte es el muro y el cielo, después de estar un tiempo ahí no te imaginás nada más allá de ese horizonte. No le deseo a nadie estar ahí, si bien uno está ahí por ‘hacer algo’ en ese lugar nadie respeta a nada ni nadie, nadie puede privarte de los derechos humanos, el derecho a la salud, a vivir en condiciones, es contradictorio, porque supuestamente las cárceles son centros para la reinserción social pero lo que genera la cárcel es rencor, es resentimiento, nadie sale ‘bien’ de ese lugar, ahí haces y ves cosas que nunca te imaginas que vas a vivir, es difícil reinsertarse a la vida social, porque ese lugar es un jungla, es tierra de nadie, si bien esta el servicio penitenciario que tiene la función de cuidarte, lamentablemente acompaña a ese sistema perverso, alimenta a las fieras digamos. Algo que me quedó patente fue la primera vez que vi salir en libertad a alguien, eso sí que fue algo totalmente humano. Vos pensás que en un lugar donde hay mucho egoísmo, donde primero es uno, segundo uno, tercero uno y así, que suceda algo bueno es increíble. Ahí adentro el interno que va en libertad le deja a su compañero de celda o a su ‘rancho’ (personas de confianza ahí adentro) todo el ‘mono’, se llama así a todas las pertenencias del preso, ropa, equipo de visita, cubiertos, todo lo que uno tenga, sea poco o mucho; esa persona se va a la calle sin nada porque deja todo, y si te ponés a pensar eso es un acto de humanidad, porque el preso que sale sabe que en la calle va a tener oportunidad de conseguir esas cosas de nuevo, pero el que se queda ahí adentro no, y dejar las cosas de uno sale del corazón”.

(Nicolás, 25 años, ex detenido)

A Nicolás le llegó la libertad a la noche. Salió sin nada. Hasta tuvo que pedirle al chofer de la Costera que lo llevara gratis. A diferencia de la mayoría de los que salen en libertad, Nicolás pudo conseguir trabajo por el apoyo de su familia que lo bancó durante todo este tiempo. Lamentablemente no todos los presos corren con esta suerte.

 

 

Hijo de las armas – No Te Va Gustar

Te detuviste a pensar
de nacer en su lugar
Si solo sintieras frío
poder morir o matar.

Que ya no te importe nada, que nada te venga bien.
O bien terminar con todo poniendo el caño en tu sien.

Yo no elegí este calvario
yo no nací sin el alma
solo me aprieta la vida
soy el hijo de las armas.

Voy a sacarte los ojos y subir hasta caer,
volver a mi casa solo
no queda nada por ver.

Las verdades de mi mundo
hacen que empiece a desear
que si llega la mañana
no me pueda despertar.

 

Fuentes: