En nuestro país está vigente el régimen penal juvenil que data del año 1980 y que estableció en 16 años la edad de imputabilidad.

El gobierno envío al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del régimen, que incluye la baja de la edad de imputabilidad a 15 años, lo que va a permitir responsabilidad penal para los adolescentes que cometan delitos graves. Lo cierto es que la legislación vigente debe actualizarse a las nuevas demandas de la sociedad en materia de seguridad y justicia.

Pensamos que solo la baja de la edad de imputabilidad no soluciona el problema de fondo de la inseguridad en Argentina. Se debe analizar con mayor profundidad otras situaciones, como lo son la pobreza, la falta de trabajo de los adultos responsables. También hay que tener en cuenta el escaso y dificultoso acceso a la salud, la educación, al techo. Y la violencia policial.

Según UNICEF, el 51,7% de los menores de 17 años son pobres, el 40,2% nunca leyó un libro, el 22% comparte el colchón para dormir y el 17% nunca festejó su cumpleaños. ¿El proyecto de ley tiene en cuenta estas situaciones?

Aunque se sabe que el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos multidiciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales), Anabella Antonelli, del encuentro de organizaciones (EO), aclara: “Sabemos cómo funciona el Senaf (Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia), hay sobradas denuncias con respecto a los malos tratos y que estas instituciones generan un mismo circuito de maltrato. Es perverso por todos lados. Es de un cinismo muy grande. El argumento es que se cuida a los niños, y eso es falaz».

Además, a nivel nacional las estadísticas sobre delitos cometidos por menores son escasos. De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2016 se dictaron más de 37 mil sentencias condenatorias, de las cuales solo un 0,4% fueron cometidas por menores. Asimismo, los informes policiales de la provincia de Córdoba muestran que los delitos cometidos por menores vienen disminuyendo desde hace al menos cuatro años. Entre 2014 y 2017 disminuyó un 26% la cantidad de procesos penales juveniles iniciados.

El sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. No persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos «esfuerzo» tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los etiqueta y los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas: a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis.

Antes de involucrar a los niños, hay que pensar más en derechos y menos punitivismo. La privación de la libertad para los adolescentes, es una medida ineficaz y la mayoría llega a estas situaciones porqué tiene sus facultades básicas vulneradas. ¿No es acaso la educación y la socialización de los niños y adolescentes un derecho reconocido por ley y una responsabilidad del Estado?

 

Autora: Ensayo de Azul Flores y Ana Paula Loyola

Asignatura: Lengua y Literatura

Profesora: Evangelina Giró