El proyecto de ley que propone la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil busca, entre otros puntos, bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años para delitos graves. Esta iniciativa, que en su manifiesto apunta a modificar la Legislación vigente (promulgada en 1980), desarrolla además un “abordaje integral, sistémico e interdisciplinario” para fomentar la “responsabilidad del adolescente que ha cometido una infracción penal”.
Respecto de lo mencionado en el párrafo anterior paso a declarar que mi postura es en contra de la iniciativa; y prosigo argumentando la misma.
La realidad es que empeora la situación en lugar de resolverla. Cuando hablamos de la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), podemos ver que aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Dado que los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran como estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en lugar de disuadirlas.
Esta medida utiliza a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, pobreza, delincuencia, y en realidad ellos son los primeros en sufrir frente a esto. Por lo que el único fin de esta medida va a ser estigmatizar a los jóvenes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes, cuando es en ellos justamente donde más impacta la pobreza.
El Estado debería ser social antes que penal, debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes, por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos.
Frente a lo planteado anteriormente podemos asumir con argumentos válidos que es completamente inconstitucional porque viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho.
En el caso de la edad de punibilidad, fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años a poco de retornar al sistema democrático.
Volver a bajarla seria afectar los derechos adquiridos en la franja de los adolescentes de 14 y 15 años. Lo mismo ocurriría frente a la propuesta de bajar la edad solo para los casos más graves. Está expresamente rechazada por la Convención sobre los Derechos del Niño que en Argentina tiene rango constitucional. Por último, sería incongruente del conjunto de derechos y obligaciones de las personas en función de la edad.
“Es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Se requiere un Sistema de Justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la Ley Penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas”. Ésta es la postura y los argumentos que han presentado miembros de UNICEF en representación de la organización, frente a la propuesta. Podemos ver cómo propone priorizar la prevención de los conflictos, antes que recurrir a la represión.
Sobre el fondo de la cuestión es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas. Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue la actual Ley 22278, dictada por la dictadura cívico-militar. La otra, es que un nuevo Sistema Penal Juvenil respetuoso otorgue los derechos y garantías de los y las adolescentes que debe regir para la franja de 16 y 17 años.
El periodista Eduardo Feinmann, en uno de sus mensajes más fuertes frente a la propuesta, dijo: “El imberbe delincuente y asesino, merece ir a la cárcel y ser juzgado como adulto”. También dijo “menor que mata, menor que paga”.
Frente a esto, presento como contraargumento la postura de Florence Bauer, representante de UNICEF en Argentina, que dijo: “Se debe ir a una política más preventiva: la privación de la libertad no funciona, porque el chico va a estar en contacto con otros que cometieron delitos. Se habla de la escuela del crimen y eso es real”. Y puedo agregar la postura de José María Di Paola, uno de los integrantes que encabeza la comisión de los curas villeros, que dijo: “El arma en la mano de un chico la pone un adulto, con la complicidad o dejadez del Estado. No es un problema de chicos sino de los adultos”.
Según las estadísticas, el 35,2% de los adolescentes judicializados que no tienen estudios o tienen estudios primarios incompletos y el 35% que solo termino la primaria, demuestran la ausencia del Estado y la falta de cobertura educativa de los grupos más vulnerables, que luego es reemplazado por un Estado punitivo y represor. Que en conclusión es lo que más justicia le hace al título, que remarca que “cuando te quieren ignorante, la educación es un gasto”.
Es importante entender que esta iniciativa promueve una falsa imagen de protección y seguridad velando las reales causas del ingreso de los niños al delito como son la falta de cobertura educativa por parte del Estado, la pobreza la falta de trabajo de los adultos responsables, la violencia policial, el escaso y dificultoso acceso no solo a la educación sino también a la salud, entre otras.
Finalmente, para dar un cierre, me gustaría remarcar a continuación uno de los mensajes de representantes de UNICEF, que dice: “Los estándares internacionales para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo principal la resocialización de los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad”.
Autora: Ensayo de Julieta Atala
Asignatura: Lengua y Literatura
Profesora: Evangelina Giró